Pienso que gran parte de lo que se ha señalado en Chile respecto del cierre de RCTV no se ajusta a la realidad, por eso mismo, voy a defender una postura que me parece minoritaria en nuestro país, y, de seguro, aun más minoritaria entre el gremio periodístico: apoyo el difundido “cierre” del canal RCTV de Venezuela.

Y dado que me atrevo a afirmar la falsedad de lo mayoritariamente difundido por los medios, me gustaría comenzar por comentar la primera de esas falsedades. En general, los medios y las diferentes voceros han argumentado sobre la base de una dicotomía falsa, a saber: el cierre o no cierre de RCTV, en torno a lo cual se ha tomado postura. Pero la real dicotomía a la que se vio enfrentada RCTV fue otra: la renovación o no renovación de la concesión para transmitir por señal abierta.


Esta decisión está amparada y regulada, al igual que en muchísimos países, por el ordenamiento jurídico venezolano (desde antes de Chávez), por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y también por el artículo 156 de la Constitución. De hecho, la no renovación de la concesión a RCTV fue, en primera instancia, decretada por el gobierno, y en segunda y final instancia, ratificada por el Poder Judicial venezolano. Es decir, más allá que a uno le guste o no la medida, está fuera de toda duda de que se trata de una decisión constitucional y legal de un país democrático. Una decisión, por lo demás, bastante generosa, de acuerdo a la resolución del 16 de noviembre de 1973 del Ministerio de Agricultura de Venezuela, “las instalaciones que requiera construir RCTV en el terreno, las torres y construcciones que se instalen a expensas de RCTV, se entenderán propiedad exclusiva del Estado”, no obstante ello, el Gobierno está negociando con el canal una suerte de indemnización.
En segundo lugar, no hay cierre de transmisiones, otra falsedad. Sí hubo cierres (en el sentido real de la palabra) de RCTV en 3 ocasiones en gobiernos anteriores a Chávez, hablamos de los gobiernos corruptos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera que nadie de la elite criticaba. Ahora, sin embargo, lo que se vio afectado es la transmisión a través de la señal abierta del espacio radioeléctrico, pero RCTV puede seguir transmitiendo vía satélite, cable y radio.
Lo dicho hasta aquí permite afirmar que en el sentido estricto y considerando el hecho en sí mismo, no estamos ni ante un cierre de un canal, ni ante un atentado contra la libertad de expresión. Se trata de una decisión legal, en el marco de las reglas del juego que ese país democrático se ha dado.
En Chile sí se han cerrado medios de comunicación en democracia: APSI, Análisis, Cauce, La Época, Rocinante, Plan B…., las reglas del juego que operaron (no exclusiva, pero sí esencialmente) fueron las del mercado.
Por lo mismo, la argumentación purista dada hasta aquí puede resultar insatisfactoria, ya que más allá de lo legal está lo legítimo y más allá (o detrás) de las reglas jurídicas, la política. Y los medios, como sabemos, son un actor político e inciden, a menudo, en lo que se considera (i)legítimo.

Con esta mirada más política, entonces, partamos ahora por señalar que, al igual que en gran parte de América Latina, en Venezuela el discurso público está privatizado. El 78% de las estaciones de TV en VHF son utilizados por el sector privado, en la banda UHF, en tanto, el 82 % es operado por privados. Con la prensa escrita pasa otro tanto. Es decir, el 80% de la producción y circulación de los mensajes mediales de Venezuela lo producen corporaciones. Y ese amplio flujo comunicacional es claramente adverso al gobierno de Chávez, a pesar de lo cual su propuesta revolucionaria ha salido triunfante de todas y cada una de las elecciones desde 1998 (lo que, dicho sea de paso, abre una serie de interrogantes acerca del efecto de los medios sobre las audiencias).

Y en ese plano de la lucha ideológica, RCTV ha destacado por su beligerancia. Este canal, a través de las ondas públicas cedidas por el Estado, hizo repetidos llamados a derrocar el Gobierno democrático de Hugo Chávez, apoyó incondicionalmente al Gobierno golpista de Pedro Carmona, dirigente empresarial, que en 2002 derrocó a Chávez por dos días y una de cuyas primeras medidas fue la clausura inmediata de los medios afines al gobierno bolivariano (valga recordar que Pedro el Breve sólo fue reconocido por los Gobierno de España, EE.UU. y Chile). RCTV se negó a transmitir que el golpe estaba fracasando y que millones de venezolanos en las calles pedían la vuelta de su presidente constitucional. Y ahora, antes del fin de la concesión, hizo llamados a magnicidio.

Nos preguntamos, ¿es legítimo que un medio de comunicación, a través de una concesión pública, llame a derrocar un gobierno democrático? ¿Un gobierno democrático puede cerrar un canal golpista?

Tal vez sea más fácil responder estas interrogantes aproximándonos a través de otra, de carácter hipotético: ¿podría un gobierno cerrar un canal que sistemáticamente promueva la pedofilia?
Si la pedofilia es un tremendo crimen contra el infante, los golpes de Estado son un tremendo crimen de lesa humanidad, y en América Latina bien lo sabemos.

El asunto es que respecto del valor de la infancia y del antivalor de la pedofilia hay en general en Chile mayor consenso que respecto del valor de la democracia.


Pedro Santander Molina
Periodista
Director Postgrado en Comunicación
Pontificia UCV