Por: Alvaro Rojas Alvaro Rojas, Director de El Chileno.

La pregunta del título es relevante. Lo es porque el paisaje cultural, político, social y económico chileno muestra en toda su superficie y en profundidad, que el país está "trancado". Hacia donde se mire se encuentran conflictos que son causados, no por los que participan en ellos, sino que por el corset de hierro que forman las instituciones dejadas por Pinochet y pactadas por la Concertación después del Plebiscito de 1989.

Por ejemplo el sistema educacional chileno. Los escolares, en un acto desesperado, inician un movimiento espontáneo que remece al gobierno y que lo obliga a recurrir a sus métodos mas extremos, como es llamar a una "mesa de diálogo" e igual que el famoso parto de los montes, el gigantesco y "altamente representativo" Concejo, pare, con ruido, humo y tralalá, un simple ratón doméstico, como es el informe presentado sin pudor alguno por dicho Concejo.

Si se examina porqué dicho papel tiene un valor tan bajo, la respuesta es simple: es que el gobierno no puede reformar el sistema educacional chileno como lo quiere el soberano, o sea los chilenos. No lo puede porque requiere un quorum tan alto en el Parlamento para cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación que debe chapotear en el fango de los compromisos malolientes y presentar al país el mencionado informe.

En el Transantiago, la solución obvia, cual es que el Estado asuma el control y el manejo del sistema para ofrecer un servicio que es vital para la existencia de la ciudad como tal, tampoco es posible porque el Estado de Chile por la constitución dictada por Pinochet no puede, le está expresamente prohibido, fundar y administrar empresas mientras los privados puedan hacerlo. Es el principio de subsidiareidad que fue tomado de la constitución alemana y otras de orígen en el derecho germánico y anglosajón e implantadas exprofeso en la chilena.

No es que sea una alternativa que el Estado asuma como empresario en el Transantiago, es que no puede.

Tampoco pueden cambiar la aberrante legislación minera que permite que las empresas extranjeras extraigan, elaboren y vendan los metales que sacan de minas, que según la constitución son del Estado, sin pagar regalía (los siúticos le dicen "royalty" en Chile) alguna, como se hace en los países africanos subdesarrollados y nada de europeos y al borde del desarrollo como Chile. Que lo que hay bajo el nombre de regalía en el país es una ridiculez vergonzante.

Si se quiere enfrentar, por ejemplo, la muerte anunciada del sistema previsional privatizado chileno e impedir que tal sistema siga financiando con ahorro nacional la caja en quiebra de los Estados Unidos por la vía de invertir esos ahorros en bonos de la deuda de ese país o en fondos de acciones especulativos, tampoco se puede. Habría que cambiar otra ley orgánica y la constitución misma, para lo cual no hay quorum y no lo hay porque el sistema binominal (también afincado con quorum calificado) mantiene en el parlamento a una minoría con derecho a veto, derecho que el soberano no le ha dado, porque en verdad tiene un poco mas de un tercio de la votación nacional y casi la mitad de los parlamentarios en ambas cámaras, gracias al sistema binominal.

El lector, avispado como es, dirá, pero si son los chilenos los que votan por ellos.



Si, no hay duda, pero hay que ver que los chilenos votan desconociendo las alternativas y que para que una se levante en forma de un partido político u otra forma de organización, no sólo se requiere mucha plata sino que cruzar Rubicones impasables.

Por ejemplo, en la letra es posible que Juan Verdejo se inscriba como candidato a la presidencia, si se da el trabajo de conseguir una cantidad de miles de firmas. Hasta ahí todo muy democrático, pero si se mira mas de cerca, ocurre que a Verdejo se le exige que las firmas sean ante Notario y el Notario, que no está para la beneficencia pública sino que para ganar plata, exige dos mil pesos por firma. Los mismos 2 mil que no tiene Verdejo y se terminó la democracia.

Los que ofrecen alternativas pueden fundar radios , por ejemplo. Pero cuando empezaron a nacer las radios vecinales, el gobierno impuso una reglamentación que esá diseñada de tal manera que las radios locales ahora son sucursales de los pocos consorcios nacionales radiales y trate Ud. de poner una radio local para la Pintana y sabrá que es lo que pasa.

Con los medios impresos es igual. El Estado le entrega TODA la cartera de avisos del Estado, que son varios millones de dólares anuales, a dos periódicos y sus medios locales: El Mercurio y La Tercera. Si bien ello no es por ley, pero como la iniciativa de las leyes está "restringida", todos los intentos para proponer una ley que obligue al Estado a repartir el queque de avisos democráticamente y de esa manera permitir la existencia de medios alternativos, cae en oídos sordos.


¿Si estamos en Jauja así, porque razón nos debemos echar encima unos criticones que molesten y que nos resten votos en las elecciones? ¿Ah?...deben preguntar los que generosamente financian a esos medios golpistas.

El combate desigual de la revista electrónica "Gran Valparaíso" para lograr que publicaran en su medio parte de los avisos estatales, es ejemplar y demuestra como funciona el sistema. Ni los avisos económicos judiciales quisieron publicar en ese medio...
Tampoco se puede por ese lado.

Llamar a un referendum. Eso es iniciativa de Su Excelencia la Presidenta de la República y lo mas probable es que ella diga nones, porque así como está ella; la "oposición"; las FFAA; los consorcios nacionales; las empresas extranjeras; las "privatizadas" y en general el 10% de chilenos que viven como en un país europeo rico, no hay razón alguna que los impulse a querer algún cambio y menos cuando anuncian con bombos y platillos que la pobreza disminuye porque los que ganan hasta y menos de 47 mil pesos mensuales disminuyeron, cuando todo Chile sabe que los que ganan entre 47 mil y 150 mil son varios millones más de "no pobres" o de pobres que por arte del mago David Copperfield "desaparecen" lentamente de la estadistica. Y ello tampoco se puede cambiar o no se puede obligar al INE a que cambie porque debe haber alguna una ley de quorum calificado que lo impide.
Y si quiere cambiar el sistema de salud o quiere reformar el sistema bancario, las ISAPRES, o la ley de tránsito público o cualquier cosa que quiera hacer en beneficio de la mayoría en Chile, se topará con una ley de quorum calificado que se lo impide, porque la derecha no quiere y la Concertación tampoco (que lo ha probado hasta el asco), todo este aparato, esta jaula de hierro, está sustentada en la Constitución de 1980 que fue aprobada entre gallos y medianoche con un gigantesco fraude y que la Concertación aceptó como una transacción y bajo el compromiso de revisar todo y darle a Chile una nueva Carta Fundamental.

Lo que –naturalmente- no ha cumplido como no ha cumplido ninguno de los puntos del programa con que se armó con el gobierno.

O sea. La respuesta es simple: ratificar una nueva constitución, discutida en una Asamblea Constituyente y mandar a la basura todo el corset. Esto no sólo es necesario; tiene razón de ser, sino que es un acto de liberación mínimo para una nación que se respete como tal y no ande hablando con las pulgas de los perros del dueño del paraíso democrático para saber si alguna vez el dueño podria pensar en abrir la puerta y dejarte pasar.

Hay que echar la puerta abajo y "tomarse" la democracia y luego vemos que hacemos con Chile. Los dueños de Chile somos nosotros, todos los chilenos. Chile somos todos.

Y discúlpenos, pero le queremos decir que el problema de existencia de todas las empresas chicas y medianas chilenas y que dejan la plata en Chile se soluciona con una nueva Constitución; el problema existencial de los 400 mil pescadores artesanales; el problema de los mapuches y otras minorías originarias; de los medianos y pequeños agricultores arruinados por los consorcios extranjeros que manejan la agroindustria; el problema de las temporeras, de los escolares, de la justicia, del transantiago, de los asalariados que no pueden organizarse como lo dictan sus intereses; de los universitarios que deben endeudarse por años para pagar un sistemna educacional caótico, de bajo nivel y comercializado, sólo encontrarán una solución cuando Chile tenga una Constitución que le permita a la nación, por medio de su Estado y su gobierno, enfrentar los problemas sin mordazas ideológicas y sin ataduras de conveniencia para grupos privilegiados.

¡Asamblea Constituyente ahora!